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MORENA pone en jaque a México con ley eléctrica de AMLO

Rigo Mares vota en contra de la reforma y fija postura de defensa a BCS de la embestida contaminante de Morena.

La nueva Ley Eléctrica de AMLO y de MORENA ponen al país lejos de una seguridad energética y cerca de una visión añeja de cómo generar el suministro con base a la quema de carbón y combustóleo.

Además, de ser una opción cara y contaminante para México, algo que Acción Nacional ha venido denunciado desde el 29 de enero, aunado a que el recibo de la luz será mucho más caro en ataque claro y frontal hacia la economía familiar actual.

“En Baja California Sur hay energía cara, contaminante e insuficiente, y desafortunadamente esta reforma lejos de brindarnos soluciones seguirá condenando a las y los sudcalifornianos a pagar recibos de luz exorbitantes”.

Este miércoles, el diputado Rigoberto Mares se pronunció en contra de la reforma y mencionó que el estado, tiene potencial para las energías limpias.

“Estamos hartos de la contaminación de las termoeléctricas y de las altas tarifas que pagamos, por mucho tiempo hemos solicitado a la CFE que reconozca ese potencial y se transite a las energías limpias para tener energía a bajo costo”.

Incluso, la Comisión de Competencia Económica determinó que las nuevas reglas del presidente afectarían de manera grave e irreparable la competencia en los mercados de generación y comercialización de energía eléctrica al desalentar inversiones futuras en esta industria.

Mares advirtió que vendrán problemas de salud por la contaminación generada por la quema de combustóleo en las plantas de CFE, así como nuevos apagones.

“Por eso voté en contra de esta reforma y por eso presenté una reserva que tiene como propósito evitar la consumación de esta pésima propuesta que va en contra de la Constitución”.

El panista mostró su preocupación, más aún cuando el contexto económico de México es adverso. “Esto atenta también contra compromisos adquiridos en tratados internacionales, acuerdos comerciales e inversiones que generarán que las empresas afectadas inicien diversos procesos de arbitrajes internacionales, así como judiciales a nivel nacional con costos que irresponsablemente no se toman en cuenta en este proyecto”.

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